E. DELGADO / F. CASTILLO

Tres médicos y tres "troperas" fueron procesados con prisión por realizar abortos, dos tenían antecedentes por aborto con resultado de muerte. Un médico está fugado y las mujeres que abortaron fueron eximidas.

La jueza penal Gabriela Merialdo coincidió con el pedido de procesamiento de la fiscal Olga Carballo, y envío a prisión a seis de los siete indagados por reiterados delitos de aborto con consentimiento de la mujer; cinco de ellos contaban con antecedentes por ese delito.

Héctor Panizza, actualmente procesado por aborto con resultado de muerte, estaba detenido en el Tacoma y tenía salidas transitorias laborales de lunes a viernes.

La Policía comenzó a sospechar que en esas salidas practicaba abortos y lo investigó. En febrero, solicitó a Merialdo habilitar una interceptación telefónica, que la jueza dio y otros jueces ampliaron después.

En base a esas interceptaciones, personal del Departamento de Orden Público pudo conocer el día y hora exacta de un aborto que se realizaría en la clínica del doctor Gabriel López, quien tiene un antecedente de aborto con resultado de muerte, informaron fuentes del caso.

A la salida de la clínica, la Policía detuvo a López, a la "tropera" (quien contacta mujeres que quieren abortar con los médicos y cobra un porcentaje por cada operación) y la paciente. Al otro día la clínica fue allanada. Entonces fue ubicada otra muchacha que abortó, se le hicieron pericias y fue allanada la casa de Panizza, donde se encontraron datos de mujeres que abortaron y de otros médicos y "troperas" que participaron. Con esa información trabajó la Policía esa semana.

Así fue que surgieron datos que involucraron a los médicos Jorge Bonilla y Delmiro Correa.

Estos médicos, además de las "troperas" Norma Cabrera, María Olivera y Flor de María Soja, fueron interrogados y dejados en libertad el jueves, pero emplazados por la magistrada para concurrir al Juzgado ayer.

Con excepción de Correa todos fueron procesados, el delito tiene una pena mínima de seis meses de prisión y un máximo de 24 meses de penitenciaría.

El jueves a la hora 23, Correa le dijo a su esposa que salía a buscar a su abogada, pero no volvió. Merialdo emitió orden de detención y captura internacional del médico ahora prófugo de la Justicia.

Panizza realizaba abortos a domicilio. Como si fuera un "delivery" cargaba una camilla plegable en un taxi e iba hasta las casas que las "troperas" le indicaban, donde realizaba el aborto solicitado.

Merialdo consideró que en el caso de las 12 mujeres mayores de edad que se realizaron abortos se daban las causas eximentes de pena incluidas en artículo 328 del Código Penal y clausuró las actuaciones.

Desde el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la noticia del procesamiento de los tres médicos fue recibida sin sorpresas. No hubo mayores reparos a la decisión judicial.

Los integrantes del gremio médico coinciden en condenar las prácticas abortivas, apoyan el desmantelamiento de las clínicas ilegales y criticaron la falta de ética de los médicos involucrados en esas prácticas.

Sin embargo, se hizo especial hincapié en proteger, ante todo, la privacidad de los pacientes involucrados.

Para el jefe de la emergencia ginecológica del Hospital Pereira Rossell, y uno de los voceros del SMU, Francisco Cóppola, "no se debe descuidar el derecho de los pacientes en función de la lucha contra las clínicas ilegales", dijo en clara referencia a los entredichos que los médicos del hospital Pereira Rossell mantuvieron con la Justicia y la Policía a raíz de la orden de examinar a las pacientes sospechadas de hacerse un aborto. Agregó que de esta forma se "avasallan" los derechos de las pacientes.

La jueza citó a las mujeres con abogadas defensoras y ocho de ellas manifestaron que fueron objeto de trato hostil del médico que las revisó (que no fue Cóppola), quien les recriminó el haber confesado el aborto y denunciado al médico. El comportamiento de este médico será analizado por la fiscal y la jueza.

De la investigación judicial se desprende que en un solo caso una policía entró con una mujer detenida, y la paciente consintió su presencia.

Legisladoras piden respeto a la mujer

La bancada femenina de senadoras y diputadas se reunió ayer en forma urgente para evaluar la situación planteada ante los procedimientos judiciales y policiales en los casos de abortos investigados en las últimas semanas. Las legisladoras analizaron particularmente la reserva que el caso merece para las mujeres y condenaron cualquier clase de maltrato. Exigieron que "no exista discriminación, asegurando que toda mujer sea tratada con respeto, independientemente de su edad, estado civil, etnia, filiación política, raza, estatus económico, discapacidad o cualquier otro estado". La bancada bicameral femenina manifestó que en los casos de aborto la legislación indica que es obligatorio notificar los casos, sin revelar el nombre de la paciente. Entienden que "el secreto médico no es una opción, sino una obligación para los médicos".

Semanas agitadas y polémicas

El 2 de mayo, la Policía allanó dos clínicas clandestinas de abortos. En el procedimiento se detuvieron a 12 personas, entre ellos a varios médicos. También quedaron detenidas las denominadas "troperas" que son las personas encargadas de contactar y llevar hasta las clínicas clandestinas a las mujeres interesadas en practicarse un aborto. Una de las clínicas se ubicaba en el barrio La Unión y la otra en el centro de Montevideo.

Días más tarde, y por orden judicial, algunas de las mujeres sospechosas de haberse sometido a un aborto fueron trasladadas al Hospital Pereira Rossell para ser examinadas. El jefe de Emergencia del Servicio Ginecológico de ese centro, Francisco Cóppola, cuestionó la decisión basándose en el secreto médico y en los derechos del paciente. Además, criticó el procedimiento policial. Se denunció un supuesto maltrato de los policías a las mujeres durante la revisación de los médicos. Varias organizaciones sociales se entrevistaron, preocupadas por este tema, con la ministra del Interior, Daysi Tourné.