Eduardo Barreneche

"La Aduanas puede tener una parte importante dentro de la corrupción. Pero el usuario también es parte de esto", afirma el director nacional de Aduanas, Luis Salvo, en referencia a las irregularidades detectadas en trámites aduaneros en el aeropuerto de Carrasco, por las cuales ya fueron procesados nueve funcionarios de su organismo. Salvo dijo que en los tres años que lleva al frente de Aduanas, ordenó 20 investigaciones administrativas, ocho sumarios y cuatro denuncias penales por actos delictivos ocurridos en la terminal aérea. Sin embargo, reconoce que no ha ordenado la destitución de ningún funcionarios.

-El 28 de junio fueron remitidos a prisión nueve aduaneros. La imagen de Aduanas parece no haber estado nunca peor. ¿Qué piensa hacer al respecto?

-Ayer (jueves 3) realizamos una reunión con todos los administradores y directores generales. Allí hemos tratado de inculcar que ese hecho (los procesamientos de aduaneros) tiene que transformarse en un hito para un cambio total (del organismo). El mismo no sólo deberá ser interno sino también externo. Acá el problema no es únicamente la Aduana, que puede tener una parte importante dentro de esa corrupción. El usuario también es parte de esto.

-En los tres años que lleva de gestión, ¿detectó en algún momento la existencia de maniobras dolosas en el aeropuerto de Carrasco?

-En los últimos años, al observar que determinadas actuaciones en Carrasco aparentaban no tener un funcionamiento correcto, se realizaron cambios en el personal asignado y se dispusieron auditorías e investigaciones administrativas. A raíz de ellas, se formalizaron varias denuncias durante 2006 y 2007, ante el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) y ante juzgados de la Ciudad de la Costa. En general se trataban de graves irregularidades que permitían el ingreso al país de mercadería sin cumplir con la tributación correspondiente.

-Pero ¿qué ha hecho para combatir la corrupción dentro del organismo?

-Son múltiples las denuncias presentadas a la Justicia Aduanera en Montevideo y en el interior del país y las que llevamos a cabo en la faz administrativa, a través de investigaciones y sumarios. Sólo en Carrasco se han formalizado en los últimos tres años aproximadamente 20 investigaciones administrativas y posteriormente ocho sumarios, algunos de los cuales dieron lugar a denuncias penales.

-¿Hubo procesamientos de estos funcionarios corruptos?

-Sí, tengo el número de sumariados. Hay 80 funcionarios sumariados en forma constante. La cantidad de procesados no la tengo aún. Estamos preparando estadísticas para tener una relación entre procedimientos aduaneros y funcionarios procesados.

-¿Hubo destituciones?

-No hemos destituido a nadie.

-Cuando habla de denuncias millonarias, ¿a qué se refiere?

-En Montevideo, Aduanas presentó denuncias, con la DGI, por el ingreso a través del aeropuerto de Carrasco de un número muy importante de valijas con insumos de computación que ingresaron a través de una serie de personas que fueron denunciadas. Se determinó que lo ingresado irregularmente al país en esa maniobra fue por valor de unos US$ 17 millones y si le sumamos todo lo que no pagó tributariamente, se superarían los US$ 30 millones. Esto está en la Justicia Penal. Hay varios procesados y continúa el procedimiento judicial. Otro caso importante es el relativo a la importación bajo un Acuerdo de Complementación Económica en forma presuntamente irregular de vehículos 0K y repuestos por diversas empresas de plaza desde el año 2003 hasta fines de 2006, por un valor de US$ 108 millones con una evasión presunta de US$ 74 millones. Ese caso también fue denunciado a la Justicia. Además de estas y muchas denuncias, durante esta gestión se han efectuado reliquidaciones por un valor de US$ 22 millones e incautaciones por US$ 28 millones en un solo año.

-¿Cómo se soluciona el problema de la corrupción en su organismo?

-Nuestro personal tiene un elevado promedio de edad -alrededor de 54 años-, escaso y con un grado bajo de capacitación. Esto hace que se presenten dificultades para el control del ingreso de mercaderías. La mayoría de los funcionarios ingresaron hace más de 20 años cuando Aduanas tenía requerimientos de ingresos diferentes y se manejaba diferente. No existía la informática y el movimiento comercial y de pasajeros era muy menor al actual. La mejora de la capacitación y la profesionalización es una de las cuestiones principales que estamos encarando dentro del Plan de Modernización de la Aduana. Ese programa se aplicará en los próximos dos años. A través de la Rendición de Cuentas, procuraremos tener nuevos funcionarios para cubrir las vacantes.

-Hace un mes usted reconocía que había un problema de pasaje de dinero por el aeropuerto de Carrasco desde Paraguay hasta Estados Unidos. ¿Ese problema se mantiene?

-Son sacas con enormes cantidades de dinero. Siempre ocurrió. Desde que asumió la Aduanas los controles de dinero y valores que ingresan y egresan del país, empezamos a ver eso. Nos preocupan esas cantidades importantes que están generalmente en tránsito. Otras ingresan y salen del país. De ello hacemos las comunicaciones respectivas al Banco Central. En el caso de que se incaute dinero no declarado -llevamos unos cuantos miles de dólares decomisados- se hacen las comunicaciones respectivas. Los movimientos pasan a ser irregulares cuando no son declarados.

-¿Qué diferencias nota en esta gestión con la que ejerció durante el gobierno colorado?

-En este momento tengo un mayor apoyo. En aquel entonces encontramos varios casos (de contrabando) importantes y duramos muy poco. Ahora estamos encontrando cosas tremendamente grandes, que nunca se hallaron en la historia de Aduanas, y acá seguimos trabajando.

"La justicia debe golpear fuerte"

-Para bailar el tango hacen falta dos. En oportunidad del último procesamiento de funcionarios, los despachantes de aduanas adujeron que debían atenerse a reglas no escritas dispuestas por los aduaneros y apelar a la coima para hacer trámites. ¿Qué piensa de la actuación de los despachantes? ¿También son corruptos?

-Espero que la Justicia, que ya se encuentra abocada al conocimiento de un proceso que involucra malas actuaciones aduaneras, pueda seguir avanzando para descubrir y sancionar las grandes irregularidades que hemos denunciado como autoridad aduanera. (Estas situaciones) han ocasionado enormes perjuicios al fisco y que van mucho más allá en su importancia y trascendencia que algunas coimas. Afortunadamente, acá hay un proceso investigativo que con personal especializado tomó muchos meses. Hubo seguimientos y escuchas telefónicas. Los investigadores deben haber reunido material importante y valioso sobre estas graves irregularidades que hicimos mención. Creo que la Justicia tarda pero llega y cuando llega debe golpear fuertemente.

Rosario de pistas sueltas

Las primeras señales acerca de la existencia de una "cooperativa" de funcionarios corruptos en el aeropuerto de Carrasco comenzaron a mediados del 2005.

El 26 de septiembre de ese año, el director de Aduanas, Luis Salvo, ordenó el relevo del jefe de la Unidad de Aduanas del Aeropuerto de Carrasco.

La resolución fue respalda por el ministro Danilo Astori.

Dos días más tarde, Salvo nombró a personas de su confianza para ocupar ese cargo y ordenó una auditoría interna en las oficinas aduaneras de Carrasco.

En ese momento trascendió que el relevo había sido dispuesto tras constatar la existencia de irregularidades en los controles de importaciones de mercaderías y por la existencia de "coimas".

Al ver lo que ocurría, el jefe relevado solicitó su pase a retiro. Dos funcionarias de carrera que lo acompañaban en las irregularidades en Carrasco fueron sancionadas.

Una de estas aduaneras tuvo un pasaje por la zona franca Zonamerica y enfrentó varios sumarios.

El caso se encuentra a estudio de la Justicia Penal de la Ciudad de la Costa.

Hay por lo menos otros cuatro expedientes judiciales relacionados con maniobras dolosas en el aeropuerto de Carrasco denunciadas por Aduanas.

La Justicia Penal de la Ciudad de la Costa investiga una denuncia de supuesta corrupción en el Estado entregada a Presidencia.

Una empresa constituida en 2007, con un proyecto de interés nacional, dice comercializar y facturar un producto que no produce y que no posee habilitación para el mismo. Esta firma facturaba su producción de expeller (un tipo de aceite) como pellets (alimento balanceado para animales), producto este exonerado de IVA.

Salvo dijo a El País que esta empresa no pudo documentar maquinaria y el ingreso de materia prima para su producción.