JOSÉ LUIS ESPERT DESDE BUENOS AIRES

La resolución 125 del 11/03/08 del Ministerio de Economía de la República Argentina, impuso un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones de cereales y oleaginosas, el cual ya había sido modificado (subiendo las alícuotas) en noviembre de 2007. Sin embargo, la novedad de esta última medida fue que se cambió de un sistema de alícuotas fijas a uno móvil, una manera sofisticada de decir, precios máximos. Es decir, a medida que el precio del bien aumenta, se incrementa la proporción que se lleva el Estado. Esto es mucho más que una imposición progresiva donde al que más gana, más se lo grava, es básicamente una salvaje expropiación. Para tomar como ejemplo, el girasol cuya cotización supera los US$ 600/tonelada (tn.), está gravado a partir de dicho guarismo con una alícuota marginal del 95%. De esta forma, de cada US$ 10 que aumenta la cotización, el productor sólo recibe US$ 0,5 y los restantes US$ 9,5 quedan en manos del Estado. Algo draconiano, teniendo en cuenta que es el agricultor quien invierte, arriesga y si le va mal, pierde.

Esto responde a una ideología socialista distinta a la observada tanto en la Rusia Revolucionaria como en Europa. En este caso, de forma mucho más pícara, el Estado no es socio ni dueño de los medios de producción, sino que permite la actividad libremente, para luego apropiarse lisa y llanamente de las ganancias.

La medida no fue bien aceptada por el campo argentino y generó el paro más largo del sector en su historia. Los cortes de las rutas argentinas en las zonas productoras llevaron al desabastecimiento y al aumento descomunal de los precios en los principales centros urbanos (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). Esta situación se tradujo en una respuesta por parte de la propia presidenta Cristina Kirchner, quien realizó cuatro discursos en tan sólo una semana -la más crítica por cierto-, en la que se produjeron enfrentamientos entre los protestantes agropecuarios y los sindicatos junto con los piqueteros oficialistas, que trataban de doblegar al sector mediante la violencia.

LA SOJIZACIÓN. La presidenta buscó justificar las medidas bajo unas pocas consignas: "evitar la sojización", "generar valor agregado" y llevar adelante la redistribución del ingreso como prometió en campaña.

Al hablar de "evitar la sojización", lo que busca el gobierno es reincentivar la producción de carne, leche y trigo, componentes de alto peso en la canasta de consumo argentina, hoy desplazados por la soja y el girasol que son principalmente de exportación. Sin embargo, la sojización en sí ha sido una consecuencia de las políticas gubernamentales, que han ido rompiendo uno por uno los mercados agropecuarios. Primero fue el de la carne, con prohibiciones de exportación y controles en los mercados de hacienda. Le siguió el mercado de la leche estableciendo precios máximos. Por último, se cerraron los registros de exportación de trigo. Todas esas actividades, alguna vez rentables, pasaron a tener márgenes muy reducidos dados los riesgos que conllevan, cuando no directamente pérdidas. Los productores vieron en la soja y el girasol una salida. Dados los buenos precios internacionales creyeron que no iban a ser controlados, ya que el 95% de la soja se exporta y no influye de forma directa en los precios nacionales. Sin embargo, no tuvieron en cuenta ciertos factores, como ser: a) es una fuente potencialmente suntuosa de recaudación; b) la competencia por el suelo, hace que la extensión del cultivo de la soja ponga presión inflacionaria sobre los productos que sí se consumen en el país. En particular sobre aquellos que rompió su mercado el gobierno en primera instancia, y de cuya producción alejó a los productores.

EL SEGUNDO MEJOR. Como podemos ver, la propagación del cultivo de soja es consecuencia de los incentivos distorsionados que generó el gobierno. Al haber intervenido los primeros tres mercados (carne, leche, trigo) le resultó necesario intervenir el cuarto, de forma de equilibrar nuevamente los incentivos a lo largo de la producción agropecuaria. Esto es conocido como la teoría del "segundo mejor" (second best), de Lipsey-Lancaster. Aún así, el gobierno se dedicó directamente a buscar el "segundo mejor", dado que el "primer mejor" (liberar los mercados) no es de su atractivo ideológico. Esto responde a la fuerte convicción de la Cepal y su "padre", el economista argentino Raúl Prebisch, quien escribió acerca del deterioro secular de los términos de intercambio, teoría según la cual es imposible el desarrollo de un país a partir de sus recursos naturales (el agro y los combustibles). Sumergidos en esta línea de pensamiento, el agro y el petróleo están para abastecer de alimento y energía baratos a la urbe-industrialista. Lo cual se complementa con una fuerte protección efectiva a la industria, con bajos aranceles a la importación de bienes intermedios y capital, mientras que los correspondientes a las importaciones de bienes finales son elevados.

Lo cierto es que la teoría conocida como "second best", por la cual una distorsión adicional introducida por el gobierno -en este caso sobre la soja y el girasol- puede llevar a un bienestar superior al obtenido en ausencia de dicha distorsión, es impracticable, puesto que supone conocer las elasticidades de todos los mercados y cómo responder con absoluta precisión a cada medida, dado que cualquier intervención salvo la óptima, lo deja a uno en un estado de bienestar aún inferior al anterior.

En lo que respecta a generar valor, dudosamente sea una excusa aceptable para gravar y desincentivar la soja y el girasol. Las palabras del ministro de Economía Martín Lousteau se referían a la posibilidad de destinar esas tierras al trigo y éste al alimento de los animales. La misma Presidenta sin reparo se sintió lo suficientemente conocedora del tema como para hacer referencia a la soja como un "yuyo que crece" y la equiparó casi a una planta quimera que soporta los insecticidas más pestilentes. Probablemente desconozca que existe mayor valor agregado y tecnología dedicada a la producción de soja que a cualquier ganado en Argentina. Los desarrollos de pesticidas, como la maquinaria y los cambios genéticos que se han hecho a la semilla, esos sí son valor agregado. Adicionalmente, si lo que se desea es incrementar el valor agregado, desincentivando la exportación del grano, se podría haber logrado un régimen diferenciado para los subproductos de las oleaginosas, como las tortas y aceites, los que sin embargo cayeron bajo el yugo de la misma medida.

UNA VEZ MÁS. La Presidenta en uno de sus discursos formuló la siguiente interrogante: "cuando uno dice distribuir el ingreso, yo les pregunto a los señores periodistas, a los señores políticos y a todos los argentinos: ¿el ingreso de quién?" Seguramente no el de ella, con sus zapatos Manolo y sus carteras Louis Vuitton. Tampoco el de las "industrias amigas", como la construcción, los casinos o los bancos, que además de crecer dan empleo directo. Castiga al sector que emplea poco de forma directa (los números oficiales hacen referencia a un peón de campo por aproximadamente 400 hectáreas). Sin embargo, mientras los sectores "amigos" se sientan sobre su riqueza, los encadenamientos hacia atrás del campo son importantísimos. Necesitan de maquinaria e insumos, que demandan trabajo tanto en industrias como en comercios y llevan el desarrollo no sólo a los centros urbanos sino también a las zonas más marginales y menos pobladas.

Una vez más Argentina, en vez de aprovechar adecuadamente el contexto externo cuando le es favorable, pensando y siendo previsor respecto de la época de vacas flacas, prefiere tomar la salida fácil y cortoplacista, poniendo gravámenes sobre sus exportaciones agropecuarias basándose en una teoría anticuada (1960), que ha sido ya probada y refutada por el propio país anteriormente. Elegir ser miope no es gratuito y la nación ya debería haberlo aprendido, dado que es lo que ha evitado que ésta crezca más allá de las esporádicas recuperaciones, luego de los abismales y recurrentes porrazos.