PAULO LEVY, DESDE RIO DE JANEIRO

En 2007, la economía brasileña creció 5,4%, la tasa más elevada desde 2004 y la segunda más alta desde 1986. Si se tiene en cuenta que la población brasileña ha crecido a una tasa anual del 1,4%, ello representa un aumento de aproximadamente el 4% anual del PIB per cápita. Esta tasa se aproxima a la observada entre 1950 y 1980, en que el producto crecía más rápidamente, pero la población también aumentaba a tasas elevadas, del orden del 2,8% anual. Es decir que, al menos en términos generales, es posible afirmar que ha habido una mejora en el bienestar de la economía brasileña con relación al período 1981 - 2003, en que la tasa media anual de crecimiento del producto per cápita fue apenas del 0,2%.

Pero los efectos de esa mejora son más amplios que la mera recuperación del crecimiento económico por habitante. Incluso durante la primera mitad de la presente década, cuando el crecimiento promedio del producto fue muy bajo, del orden del 3% anual, se observó una mejora importante de numerosos indicadores sociales. Por ejemplo, el porcentaje de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza cayó del 35% en 2001 al 31% en 2005, incluso cuando el ingreso per cápita creció en ese período menos del 1% anual. De igual forma, durante ese período, el porcentaje de personas viviendo en hogares considerados indigentes bajó del 15% al 11%.

Eso fue posible debido a la reducción del grado de desigualdad de los ingresos en la economía brasileña, como se puede observar en el gráfico adjunto, en que se presenta el índice de Gini que varía entre cero y uno, y que aumenta con el grado de desigualdad.

Aun cuando se reconozca que en términos relativos internacionales la desigualdad en Brasil sigue siendo de las más elevadas del mundo, en 2005 alcanzó el menor nivel desde que se calcula el índice, contribuyendo en forma decisiva a la reducción de la pobreza en ese período.

Esa reducción de la desigualdad refleja varios factores. El primero que merece destacarse es el mantenimiento de la estabilidad de los precios durante el período. Como se puede observar en el gráfico, el índice de concentración de los ingresos alcanza su punto más elevado precisamente al final de la década de los ochenta, cuando el país enfrentó el momento más crítico de su proceso hiperinflacionario. El segundo aspecto más importante en la reducción de la desigualdad lo constituyen las políticas públicas aplicadas en dicho período, en especial los programas de transferencias de ingresos. En tercer lugar, la política de aumentos reales para el salario mínimo también habría contribuido a reducir la desigualdad. El valor real del salario mínimo de las personas ocupadas prácticamente se duplicó en el período 1994 - 2007, y pasó del 23% de la retribución promedio de las personas ocupadas en 1995 a cerca del 40% en 2007.

Hoy día existe amplio consenso en cuanto a la importancia de los programas de transferencias de ingresos, en especial los sujetos a condiciones, como el "Bolsa Familia", que condiciona el otorgamiento del beneficio a la permanencia de los niños en la escuela y al control periódico de la salud. En la actualidad, el programa alcanza a cerca de once millones de familias y lo más importante es que comienza a evolucionar para incluir también mecanismos como la capacitación y otras formas de apoyo de asistencia familiar, que permitan a las familias beneficiadas adquirir autonomía en un horizonte temporal definido.

La naturaleza focalizada del "Bolsa Familia" contrasta con la política de aumentos reales del salario mínimo. Sin negar su valor en tanto que mecanismo de redistribución del ingreso, su impacto sobre la reducción de la pobreza es mucho menor. Eso sucede porque en el mercado de trabajo, a medida que aumenta el salario mínimo, aumenta también la proporción de trabajadores del sector informal que recibe un monto inferior. Ese fenómeno es más intenso en las regiones más pobres del país, como el Nordeste. El principal canal de impacto del salario mínimo tiene lugar a través del valor de los beneficios de la Seguridad Social: cerca de dos tercios de los jubilados y pensionistas brasileños reciben el beneficio mínimo que varía de acuerdo con la evolución del salario mínimo. Es decir, desde el punto de vista del combate a la pobreza, el salario mínimo perdió gran parte de su eficacia. Al beneficiar principalmente a los jubilados y pensionistas deja afuera al sector de los más necesitados de la población, ya que apenas un tercio de los jubilados se encuentra entre el 50% más pobre, según el ingreso familiar per cápita.

Mientras tanto, los aumentos reales del salario mínimo tienen un impacto muy fuerte sobre las finanzas públicas. Como dos de cada tres beneficios son iguales a un salario mínimo, su aumento real produjo una fuerte expansión del gasto en cuenta corriente, o bien de la Previsión Social o bien de los beneficios asistenciales, de modo que esos gastos aumentaron del 4,5% del PIB en 1995 a casi el 8% del producto en 2007.

La redistribución de los ingresos, junto con otros factores como una fuerte expansión del crédito, está permitiendo un crecimiento acelerado del consumo. En el último trimestre de 2007, el consumo de las familias aumentó 8,6% en comparación con igual período de 2006, y 3,7% en relación con el trimestre anterior, después del ajuste por estacionalidad. Se trata de un ritmo claramente insostenible, incluso frente al aumento del 16% de las inversiones en el último trimestre del año pasado, en la comparación interanual. La aceleración del crecimiento en 2007, cuando pasó del 3,8% en 2006 al 5,4%, estuvo acompañada por un aumento de la tasa de inflación del 3% al 4,5%. Esa inflación todavía se encuentra dentro de la meta establecida por el gobierno y puede explicarse principalmente por la aceleración de los precios de los alimentos, fenómeno que se viene dando a escala mundial.

No obstante, si se tiene en cuenta que el año pasado hubo una valorización cambiaria cercana al 20%, queda claro que la aceleración de la inflación también refleja el fuerte aumento de la demanda interna, que al final del año crecía a una tasa bastante superior a la del PIB. Para que se pueda mantener el crecimiento en umbrales elevados sin perder el control de la inflación y manteniendo el proceso de reducción de las desigualdades sociales y de la pobreza, es preciso que aumente la eficiencia y una adecuada asignación de los gastos corrientes y que éstos crezcan menos que el PIB. De esta forma sería posible alcanzar tres objetivos: abrir el espacio para la reducción de las tasas de interés, reducir la carga tributaria y acelerar las inversiones públicas en infraestructura a fin de hacer viable el aumento de las inversiones privadas