JORGE CAUMONT

En la Argentina la puja entre el gobierno y el sector agropecuario por las denominadas "retenciones" a las exportaciones -que junto con precios máximos y trabas en otros sectores productivos-, ha provocado un enfrentamiento entre las partes con derivaciones que no son buenas ni para la tranquilidad de la Casa Rosada ni para la de la población en general. Los impuestos a las exportaciones de productos del agro han degenerado en reacciones y conflictos cuyo desenlace es incierto y que, como primera reacción popular, se ha traducido en una franca baja de la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, en desacuerdos aún dentro del soporte político de la autoridad máxima de la nación y del proyecto justicialista (¿?) de su esposo, el iniciador de esta política comercial distorsionante de los mercados. Una política que tiene efectos adversos, también, sobre la producción uruguaya y que, a pesar de los compromisos asumidos en el Mercosur, nuestro gobierno y el brasileño se niegan a neutralizar enteramente.

LAS RETENCIONES. Las retenciones a las exportaciones que se aplican en la Argentina son impuestos a las ventas al exterior. Esos gravámenes ya habían sido empleados en el pasado tanto en esa nación como también en nuestro país aunque aquí, como en el caso de los reintegros a las exportaciones, con un nombre diferente. En su momento las llamamos "detracciones" y operaron con gran intensidad, fundamentalmente sobre las ventas externas de carne y de lana, en las décadas de los años sesenta y setenta, luego de la Reforma Cambiaria y Monetaria de 1959. Debemos recordar que sus consecuencias para los sectores afectados y para el país, fueron realmente malas. En estos días se han conocido insinuaciones de algunos jerarcas estatales indicando que no descartan que las detracciones retornen a nuestra política comercial luego que se abandonaran hace treinta años, en agosto de 1978. La práctica de esta acción tributaria sobre los exportadores de los productos tradicionales más conocidos en Uruguay, era un clásico en nuestro país. La discusión sobre la conveniencia de aumentar las tasas de estos impuestos revivía en momentos en que se devaluaba fuertemente a la moneda local, cuando todavía la política cambiaria era de tipos de cambio fijos y cuando las minidevaluaciones no habían aparecido en nuestro escenario como alternativa indexatoria del tipo de cambio por los altos aumentos del nivel general de precios.

LOS EFECTOS. La imposición de un gravamen a las exportaciones de carne, lana, soja, productos lácteos u otras mercaderías de origen agropecuario tiene dos tipos de efectos. En primer lugar, consecuencias distributivas indiscriminadas al generar transferencias de ingresos entre sectores. En segundo lugar, otro tipo de efectos, menos reconocibles, que afectan a la asignación de recursos productivos y generan costos para la sociedad. Son éstos quizás, los efectos adversos más importantes para el país y los que no son tan fácilmente reparables por la población.

Un impuesto a las exportaciones de carne por ejemplo, implica reducir su precio interno, lo cual aparenta ser una manera atractiva para redistribuir ingresos y además, para bajar presiones inflacionarias. El exportador de carne -el productor agropecuario, aunque también en parte el frigorífico dependiendo del poder de negociación de cada uno de ellos-, recibe el precio internacional de su venta pero debe pagar a la Tesorería el impuesto por la detracción o retención. Por ello le resulta indiferente vender al exterior al verdadero precio internacional del cual le deducirán el impuesto, o en el mercado interno al precio internacional menos el impuesto. El precio local en definitiva, baja. Se produce entonces, una transferencia de ingresos del productor exportador a los consumidores de carne en el país y a la Tesorería, por la recaudación del impuesto. Pero la baja del precio local no beneficia únicamente a los consumidores de menores ingresos; también permite transferir ingresos a los demás consumidores del producto. E incluso la recaudación aumentada del gobierno no necesariamente será transferida luego, en programas de gastos, a la población más necesitada. La baja en el precio doméstico que genera esa transferencia indiscriminada de ingresos -incluso hacia personas que los pueden tener mayores que los propios productores-- también sirve para reducir la inflación, al menos por un tiempo. El alivio a los consumidores, sobre todo a los de menores ingresos, y simultáneamente bajar presión inflacionaria, aparentan ser buenas consecuencias de una medida del tipo indicado, pero es sumamente ineficiente. Se pueden lograr los mismos o mejores resultados con políticas de gasto público que enfoquen directamente a los sectores que se deseen beneficiar y no a todo consumidor ni a todo dependiente del gobierno central con mayores retribuciones, por ejemplo. Se pueden evitar presiones inflacionarias también de otras formas. En todos esos casos sin desestimular al productor agropecuario cuya reacción traerá consecuencias adversas sumamente importantes desde el punto de vista de la asignación de recursos.

COSTO SOCIAL. Es justamente esa reacción natural de los productores ante el castigo que implica la detracción, algo menos visible en general. El gravamen que soportaría el productor tendría efectos no deseados por las autoridades que lo imponen, sobre la asignación de recursos en el sector agropecuario. Debemos esperar que los productores y exportadores -de carne en nuestro ejemplo-, tengan menos incentivos para producir la cantidad que producían con anterioridad. El retorno de su inversión se vuelve lógicamente menor por el castigo que implica la detracción o retención sobre sus ingresos y, por lo tanto sobre su voluntad de invertir en la producción de carne, la que disminuirá al recibir por el producto un precio menor al valor que realmente la carne tiene. Puede incluso llegar, con el paso del tiempo, si se mantiene ese impuesto -como generalmente ocurre con gravámenes de este tipo, de fácil recaudación-, a reasignar sus inversiones hacia otros productos o simplemente hacia el sector financiero que no son los más rentables desde el punto de vista del país como tal. Puede darse también, dependiendo del monto de la detracción, la paradoja que la carne -siguiendo con el ejemplo- comience a escasear. Ello ocurriría si la decisión de producir menos y la mayor cantidad que se demandaría localmente por el menor precio, llegaran a ser tales que el volumen demandado supere a la cantidad de carne ofrecida. En una situación de este tipo, naturalmente, el precio subiría y hasta podría aparecer un mercado negro. En todo caso el efecto de la detracción tan alta anularía en parte el efecto redistributivo de productores a consumidores y llevaría a que ellos tuvieran que adicionar al precio del producto el costo de oportunidad del tiempo que para ellos tendría el poder conseguirla.

El costo para la sociedad en su conjunto, no ya para los beneficiarios -consumidores que pagan precio más bajo o receptores de programas de gastos del gobierno- ni los perjuicios para los productores -que reciben ese menor precio- es claro. El país producirá menos carne de la que podría si los productores lograran el precio internacional. Es posible que la gente no pueda captar enteramente la baja de precios y que el costo de recaudación sea una pérdida no rescatable.

El "balde" en el que se lleva la transferencia de ingresos intersectoriales siempre tiene orificios, por los que se pierden recursos que en definitiva nadie recibe.