ALDO ABRAM (*) | LA NACIÓN

La presidenta Cristina Kirchner, en los discursos en los que se refirió al paro agropecuario y al cacerolazo urbano, interpretó que apuntaban al "corazón del modelo K". Esto es estrictamente cierto, aunque la mayoría de los que participaron de las protestas no fueran conscientes de ello. La Presidenta volvió a acertar cuando dijo que mis colegas, los periodistas y los políticos, que se llenan la boca con la necesidad de redistribuir los ingresos, lo hacen desde la tribuna y sin tener en cuenta los costos que hay que pagar para jugar ese partido. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿es sustentable la estrategia de redistribución del ingreso de la gestión kirchnerista? Pues empieza a demostrarse que no lo es.

Tomemos como ejemplo el mercado ganadero. Las exportaciones de carne en la Argentina nunca fueron más del 22% del total producido y, en promedio, en los últimos ocho años estuvo cerca de la mitad. Las ventas externas siempre afectaron menos los precios internos que la evolución de la demanda local. Por ello, con la crisis de 2000-2002, la disminución del consumo de carne redujo los precios en dólares, lo cual incentivó a los ganaderos a pasarse a otras producciones más exportables. Cuando en 2003 la economía se recuperó, la gente gastó más y esto implicó una suba del precio del "kilo vivo" en Liniers. Desde principios de 2004, el sector agropecuario, poco a poco, empezó a volver a la ganadería, reteniendo vientres e invirtiendo en un mayor engorde de los animales.

Desde fines de ese año, el Banco Central incrementó la emisión de pesos para comprar divisas y mantener un tipo de cambio alto. Esto incentivó una creciente inflación, que coincidió con el período de recuperación del precio de la carne, y que empezó a castigar el poder adquisitivo. En el segundo trimestre, el Gobierno intentó morigerar este impacto a través del control de los precios y de las restricciones a la exportación de carne. De esta forma, se instrumentó un proceso de redistribución del ingreso desde el bolsillo de los productores al de los consumidores. En su momento, advertí que esto llevaría a una liquidación de vientres y de animales para liberar campos para la siembra de fines de año. Esto mantendría bajo el precio de la carne durante el invierno, pero, desde el cuarto trimestre, la carne empezaría a ser cada vez más escasa, debido a la menor producción. De esta forma, los precios volverían a crecer durante el verano de 2007, todo lo cual efectivamente ocurrió.

En el segundo trimestre de 2007, el Gobierno redobló la apuesta en término de mayores controles y restricciones a las ventas externas. En el artículo "Carne para hoy, hambre para mañana", advertí que la historia se repetiría y que, de seguir con estas políticas, terminaríamos teniendo que viajar a Montevideo para comer un churrasco. Hoy vemos que la producción cae y los ganaderos, cada vez más castigados, migran a otras actividades.

Esto no sólo sucedió con la carne, podemos repetir la historia con la leche en la que, gracias a la redistribución de riqueza del Gobierno, en dos años, se perdió casi un 8% de los tambos y la producción bajó un 13%. Lo mismo podríamos decir de las restricciones y controles sobre el maíz y el trigo, que llevaron a sus productores a buscar otras alternativas menos relacionadas con la canasta básica. Esto demuestra que la sojización es responsabilidad de las malas políticas que hicieron más atractiva su rentabilidad.

¿Qué hubiera pasado con los precios si no hubieran existido estos controles?, pues lo mismo que pasó en Uruguay, Brasil o Chile que no siguieron las políticas K. Los precios subieron; pero la inversión, la producción, el empleo y los ingresos, también. Así pueden hoy comer más carne, leche, pan y aceite. A diferencia de la Argentina, que se come lo que antes exportaba y las vacas que deberían producir la carne y la leche en el futuro.

Otro ejemplo: la escasez de energía. El Gobierno cree que las condiciones de prestación de los servicios públicos y sus precios son un instrumento de redistribución. La decisión de cuándo, cómo y a quiénes se les brindará, quedó en manos de un funcionario. Esto implica que no haya reglas de largo plazo y que resulte imposible planificar. ¿Quién invertirá si se desconoce el marco que regirá cuando esté produciendo? Nadie. Esto ocurre desde que, en 2002, el Estado quebró las condiciones y los contratos que, cinco años después y sin emergencia, no se han reestablecido.

Sus tarifas han tenido subas mínimas; lo que significó una transferencia de recursos desde sus dueños a los consumidores. Alguien podrá pensar que no hay motivo para pagar más por la electricidad si es que, hasta ahora, se ha podido proveer a los actuales valores. No es así, por varios motivos. Primero, porque en este marco y sin reglas claras, la inversión de las empresas es mínima y esto limita su capacidad de oferta.

Segundo, porque, como los costos de generación crecen más que las tarifas promedios que cobran las empresas, el Gobierno las subsidia. Esta transferencia fue de $ 265,5 millones, en 2002, y llegó a $ 8.330 millones, en 2007. Esto implica que los contribuyentes pagan lo que no abonan los usuarios de energía. A esto hay que sumarle la necesidad de asignar recursos públicos a inversiones en el sector que podrían hacer, y que en otros tiempos hicieron, los privados. Como el Estado no cuenta con recursos suficientes ni capacidad gerencial para hacerlo, seguirán los problemas energéticos.

Esto implica más erogaciones públicas para mantener el aumento de los subsidios por el congelamiento de los precios del transporte, los alimentos, las tarifas de empresas de servicios públicos, más los costos de reestatización de la obra en infraestructura y, además, para las necesarias subas de gasto en personal, jubilaciones y otras obligaciones del Estado. Para ello, se instrumentó una presión tributaria récord. El último manotazo fueron las retenciones móviles. Para los que hablan de la falta de solidaridad con el modelo del agro, vale recordar que el Estado ya se apropiaba del 35% de esos ingresos y, con el resto, debían pagar los costos y, luego, todos los restantes gravámenes, al igual que el resto de sus conciudadanos. Sin embargo, no se lanzaron al paro hasta este último apretón impositivo. Hay un límite. Se puede exprimir la naranja hasta que se acaba el jugo.

Ya vimos los costos; pero, por lo menos, ¿la distribución del ingreso mejora? No, lo cual critican hasta los políticos y economistas oficialistas. Esto no es raro, ya que se puede demostrar que la mayor parte de los ingresos redistribuidos fueron de gente con buen ingreso a otra con similar nivel de vida o de pobres a otros de mejor situación. En definitiva, la proporción del sector carenciado que se benefició con la redistribución fue mínima. Algunos dirán que las políticas de redistribución K son las que fallan, y otros que no se pudo redistribuir bien la riqueza, sino alentar su generación y asistir a los más necesitados para que tengan oportunidades de mejorar. Sin embargo, esta discusión quedará para otro artículo.

Nota: El autor es director del Centro de Investigaciones del CIIMA-Eseade.