JUAN SÁNCHEZ

Cuanto menos madura es una sociedad, mayor será la suma de intereses corporativos y mayor el riesgo de ser parcial en el ejercicio del poder. Las sociedades desarrolladas reconocen e intentan enfrentar este problema con transparencia, a veces con éxito. Trabajos de Paul Krugman, Paul David y Brian Arthur de las universidades de Princeton y Stanford han puesto en tela de juicio que el mercado lleve necesariamente a una única solución que contemple todos estos intereses.

Según Martín Rama los "dilemas" a los que se enfrentan las sociedades como la uruguaya hacen que cualquier solución de equilibrio sea el resultado de la acción no cooperativa de los actores, cada uno tratando de alcanzar el máximo de beneficio individual y asumiendo que los restantes seguirán la misma lógica.

El juego de intereses en la sociedad ha llevado a configurar conductas identificadas en la teoría de equilibrios no cooperativos y ha implicado esfuerzos por entenderlas, entre otros, por parte de los premios Nobel en Economía 1991 y 1994, Ronald Coase y John Nash respectivamente.

Existen dos áreas del sector público cuya gestión estos días concita nuestra atención y es la "virtual imparcialidad" del Poder Ejecutivo y Judicial cuando se trata de arbitrar intereses de distintos grupos.

ENFERMEDAD HOLANDESA. "El descubrimiento del gas natural por Holanda en el Mar del Norte durante los años sesenta originó elevados ingresos por divisas que condujeron a la apreciación real del tipo de cambio, factor que pudo contribuir al declive del sector industrial en este país" (cita de Latinwatch). Este fenómeno ha estado asociado históricamente a las materias primas, encontrando referentes tan antiguos como la masiva entrada de oro a España durante el siglo XVI, pero existen ejemplos más recientes en Rusia y en diversos países latinoamericanos.

Estos flujos de recursos afectan en forma no marginal el tipo de cambio real y con ello la competitividad y la suerte de sectores importantes. Nos preguntamos cuánta distorsión podría llegar a producir el impacto del ingreso de capitales que se está verificando en Brasil y Uruguay en la presente fase del ciclo.

Recientemente, un informe de la Facultad de Ciencias Sociales a la que estuvieron vinculados jerarcas de la conducción económica, sostuvo que el régimen basado en el manejo del tipo de cambio culminó con crisis cambiarias. Agrega que la evidencia empírica muestra que la correlación entre inflación y cantidad de dinero es poco clara en el corto plazo y que la inestabilidad de la demanda de dinero y otros factores han llevado también a modificaciones de la política monetaria.

Se agrega que el BCU tiene problemas para estimar la demanda de dinero como resultado de la alta dolarización, por el intento de pesificación sumado a la rapidez con la que se ha incrementado esa variable en los últimos tres años.

Entendemos que las situaciones descritas significaron "en los hechos" tomar partido a favor de unos sectores y no por otros, debido a los cambios de precios relativos resultantes.

PESIFICACIÓN. Los bancos retienen pesos ya que el BCU los incentiva a retenerlos y recolocarlos (con opciones de inversión atractivas, etc.) en el propio sistema. Este mecanismo es opuesto al interés general e impide cumplir con una de sus principales funciones que es la de dar crédito ya que ésta no mejora su "accountability". Todo esto hace parte de la supuesta consistencia de la política monetaria y crediticia del BCU.

La altísima dolarización de la economía uruguaya fue el resultado de un error de apreciación acumulativo de muchos bancos centrales, incluido el nuestro, lo cual fue advertido a mediados del 2001 por economistas chilenos, pero al gobierno le costó admitirlo. Aunque condicionamientos posteriores del FMI (que también había minimizado este factor), contribuyeron a que se adoptaran modificaciones en las políticas monetaria y crediticia, el asunto nunca fue asumido en toda su complejidad.

Las cifras de marzo reflejan una situación que creímos no volveríamos a ver: un desalineamiento significativo del tipo de cambio y los precios. A saber, una baja del tipo de cambio nominal de un 15% en el año móvil a marzo y un aumento de los precios de los bienes no transables medidos por el IPC de cerca de un 10%.

Debido a shocks más o menos transitorios los precios relativos se han distorsionado claramente y desconocerlo puede significar ubicarse en una plataforma que, como en otras oportunidades, operó como "alternativa sin futuro", sin salidas laterales. Diversos analistas han insistido en que esta política no ha tenido ese sesgo, sin embargo, el sector privado no financiero y el público están sobre ofertados en dólares. Todo esto ha generado volatilidad en el "humor" de la política monetaria del gobierno y que no exista unanimidad respecto de la dosis a aplicar.

CUENTOS CHINOS. En las últimas semanas la justicia ha dado muestras de no estar vacunada contra los males que a la sociedad se imputa y parece ser un territorio yermo en lo que a reformas refiere. No faltaron últimamente comentarios referidos al Poder Judicial sobre la aplicación de un tributo al que la sociedad uruguaya, tal como sucede con todos los aspectos de la reforma del sector público, no ha mostrado su lado más amable.

Parlamentarios oficialistas han comentado que están pendientes mejoras en la eficiencia en la gestión del Ministerio del Interior, cambios legales que faciliten la eficiencia judicial, etc. (el propio presidente Tabaré Vázquez remarcó la importancia de estas reformas).

Existen sentencias judiciales que alteran las reglas de juego y que son el resultado de la apreciación personal de cada magistrado con el riesgo que supone. Algunos errores evitables se pueden morigerar a través de la aprobación de leyes reglamentarias y el apoyo de la jurisprudencia, como se verifica en otros países.

Esto ha llevado a que el proceso en general no genere confiabilidad, cambiando el riesgo y los efectos de "los contratos" realizados por el Estado y los particulares en diversos terrenos.

Los errores de la reforma de la Seguridad Social de 1979 y su implantación en los ochenta (acción) nos costó mucho a través de la reforma de 1989 (reacción) y los últimos fallos de la justicia sobre el impuesto a la renta condicionan al Estado por siempre (caso de los 1.200 militares que bajo un sistema de excepción presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y otros). Ante esta señal una cantidad indeterminada de ciudadanos demandarán también al Estado generando una situación de consecuencias imprevisibles.

LAS CRISIS NO PERDONAN. Los errores cometidos por la gestión bancocentralista previa a la crisis quedaron disimulados y algunos extremos investigados por la justicia asociados con ella quedaron inconclusos.

Los errores de apreciación que han ocurrido en el pasado en el ámbito de las políticas monetaria y cambiaria, regulatoria y de la administración de justicia deberían llevar a los distintos poderes del Estado a un mayor sentido de autocrítica y entender que algunos sectores se ven defraudados por el tipo de "neutralidad" de estos poderes y que además ya han sufrido sus desatinos.

Aceptar con honestidad intelectual la posibilidad de haber errado el camino nos hubiera ahorrado desastres tales como someter el futuro del país a los designios de la "comprensión mundial", como sucedió durante el año 2002.

Hemos criticado al ministro Astori por sus políticas monetaria y cambiaria y por el episodio de los casinos; sin embargo, el papel que ha cumplido en la discusión con la Suprema Corte de Justicia lo posiciona mejor, al defender la consistencia de un tema estratégico dentro de la propuesta de su gobierno, que nos deja a resguardo de la improvisación y la inmediatez.

La existencia de contenciosos por intereses corporativos en distintos ámbitos puede ser una señal positiva que apunte a aumentar la transparencia sobre las iniquidades del ejercicio del poder del Estado o de grupos corporativos y podría advertir la necesidad de promover cambios en las modalidades de gestión del Estado y de la administración de Justicia.

El hecho de que existan antecedentes de juicio político a integrantes de la Suprema Corte, como se ha dicho, no debería tener una connotación ni positiva ni negativa. Una discusión abierta puede generar la claridad conceptual que hasta ahora no se ha logrado, por la indudable trascendencia que el tema referido tiene. Por más que se lo disfrace de solemnidad, el asunto compete a toda la sociedad y requiere fina capacidad de valoración y sentido común y como en el año 1989 nos va parte del futuro de nuestros hijos.